La declaración de insolvencia es la imposibilidad total o parcial de hacer frente a unas obligaciones económicas con una empresa, entidad bancaria o profesional. Hoy en día, uno de los delitos más graves que pueden cometerse a nivel mercantil es fingir una insolvencia empresarial o declaración de insolvencia.
La insolvencia fingida es una táctica utilizada por todas aquellas empresas que desean evitar abonar indemnizaciones o deudas y, de esta forma, cerrar el negocio sin asumir las deudas pendientes con clientes, proveedores e incluso trabajadores.
Detective privado para insolvencia fingida
Una empresa puede declararse insolvente si se encuentra, por ejemplo, en un concurso de acreedores y con esa declaración de insolvencia consigue una reducción en los costes a abonar.
Debemos tener claro que para declararse insolvente, una empresa tiene que alegar y justificar la ausencia de fondos o ingresos en la entidad. En una declaración de insolvencia fingida, el empresario oculta información contable y financiera para simular una insolvencia no real.
Simular una insolvencia (insolvencia fingida) es considerado un delito grave y está penado como tal en la legislación española, integrando los denominados delitos económicos.
Contratar a un detective privado es clave en estas situaciones fraudulentas. El detective especializado en este tipo de investigaciones podrá detectar y aportar pruebas e información potente para denunciar una falsa insolvencia empresarial y así evitar problemas de impagos.
¿Cómo declarar una insolvencia?
Como hemos mencionado antes, cuando una persona o empresa se declara insolvente pone en conocimiento de los acreedores la imposibilidad de pago de las deudas contraídas.
Hay que tener claro que una persona, profesional o empresa para declararse insolvente no se dirige directamente a sus acreedores y les notifica que no puede pagar, sino que debe demostrar que no le es posible realizar los pagos.
Para esta situación deben de darse dos situaciones:
- Las deudas deben superar a los bienes
- La imposibilidad de disponer de liquidez
Cuando una persona o empresa recurre a la declaración de insolvencia es porque las negociaciones con sus acreedores para obtener facilidades de pago han sido fallidas.
En el momento que una persona se declara insolvente puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad que permite, mediante un procedimiento concursal en un juicio, que ese particular o empresa pueda cancelar sus deudas sin verse en la tesitura de solicitar más financiación para endeudarse aún más.
La Ley de Segunda Oportunidad es un “salvavidas” para todos aquellos particulares o autónomos que han fracasado en su actividad empresarial y necesitan de otra opción de financiación para hacer frente a las deudas acumuladas.
Antes de la Ley de Segunda Oportunidad toda persona insolvente debía afrontar sus deudas con su patrimonio y solamente las empresas que disponían de un salvoconducto podían exonerarse de pagar sus deudas.
En todo caso, antes de poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad para particulares y autónomos, el deudor debe intentar conseguir un acuerdo extrajudicial con sus acreedores.
Si durante las negociaciones el juez considera que el particular, empresa o autónomo no tiene ningún patrimonio ni activo para hacer frente a sus deudas puede exonerarle de sus deudas. En todo momento el deudor debe actuar con “buena fe” es decir, intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial conociendo el estado de su insolvencia, etc…
De igual forma, puede ser culpable o considerarse que actúa de mala fe si el deudor pone demasiados impedimentos para poder llegar a un acuerdo entre las partes.
Casos de insolvencia fingida
También denominada insolvencia fraudulenta, estaríamos frente a un hecho que se produce cuando una persona física se declara insolvente para no hacer frente a las obligaciones de pago contraídas o cuando una persona jurídica se enfrenta a un concurso de acreedores y, al declararse sin fondos para hacer frente a estos pagos, puede intentar obtener una reducción de la cuantía que tiene que abonar.
Ante la existencia de evidencias reales, las personas o entidades que puedan ser objeto de una insolvencia fingida, o cualquier acreedor, habrán de recabar y obtener tales evidencias o pruebas para poner de manifiesto esa situación fraudulenta y de esta forma reclamar y conseguir el cobro de sus deudas o la recuperación de su dinero.
Como ejemplo de estas situaciones se puede citar, entre otras:
- Impago de pensión compensatoria.
- Concurso de acreedores.
¿Cómo denunciar un caso de insolvencia fraudulenta?
Consideramos un delito de insolvencia punible cuando el deudor dispone de solvencia y comete un fraude para evitar cumplir con el pago perjudicando a su acreedor. Este delito está regulado en el capítulo VII del título XIII del libro II del Código Penal, en los artículos 259 al 261 bis.
Si una persona o empresa se encuentra ante una inminente insolvencia y lleva a cabo una serie de conductas de “mala fe”, puede estar cometiendo un delito de insolvencia punible, por ejemplo:
- Ocultar, dañar o deshacerse de bienes patrimoniales
- Ejecutar operaciones de prestación de servicios o ventas por debajo de su precio de coste.
- Fingir préstamos de terceros o de dudosa procedencia.
- No llevar la contabilidad correctamente.
- Destruir libros contables.
- Generar cuentas o libros contables contrarios a la normativa de contabilidad mercantil.